"La Hora de los Ex Conscriptos"



"La Hora de los Ex Conscriptos"
Con la conducción de Oscar Mendoza.
Todos los Jueves de 17:00 a 18:30 por la 91.3 FM SanAgustín de Parana Entre Ríos.
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Un Programa de por y para los Ex Conscriptos, sin perder de vista el acontecer Cotidiano, Nacional e Internacional.

martes, 19 de febrero de 2013

Hasta Algo Así nos Pasó Haciendo la Colimba.


Salta: Citan a declarar a un ex soldado que vio a su madre entrar al cuartel secuestrada...!!!

  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
Salta (Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).- 
                    Un hombre que en 1976 hizo el servicio militar en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 141 (hoy Regimiento de Caballería Ligera 5) de esta ciudad será convocado a dar su testimonio en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se sustancia desde mayo del año pasado. 
La Fiscalía y las querellas creen que puede aportar más datos sobre detenidos que fueron alojados en dicho cuartel, en el que se sospecha que funcionaron centros clandestinos de detención. Héctor Baffa Trasci abrió la puerta del cuartel a un auto en el que traían secuestrados a sus padres.
Héctor Baffa  es hijo de Lidia Yolanda Barros  y Vicente Baffa Trasci. La mujer contó ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta que el 24 de marzo de 1976 fue detenida junto a su marido,  también docente y rector del Colegio Nacional de Tucumán. Lidia Yolanda relató que ambos fueron llevados, tabicados (con los ojos tapados) al cuartel, donde dio la casualidad que fue su hijo mayor, que estaba haciendo el servicio militar, quien abrió el portón de entrada para permitir el paso del automóvil que los llevaba.
El matrimonio recuperó la libertad dos semanas después, luego de una reunión de la que participaron seis militares, entre quienes reconoció a Juan Carlos Grande (ya fallecido) y a Joaquín Cornejo Alemán, que era el segundo jefe del destacamento y está siendo juzgado en este proceso.
Los militares tenían exigencias: a su esposo le dijeron que no sería ya el rector del Colegio Nacional, ni docente, y que no podría jubilarse ni seguir trabajando; y a ella que no podría seguir dando clases en la Universidad. “Mañana cuando salga de aquí me haré cargo del rectorado y seguiré mi trámite jubilatorio”, dijo la testigo que se resistió su marido. Y agregó que ella hizo lo mismo.
En 1976, Barros de Baffa Trasci era, además de estudiante, auxiliar docente en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Interrogada por el fiscal federal Eduardo Villalba (que reemplaza al fiscal Ricardo Toranzos, de duelo), la testigo recordó que junto a su marido, que era rector del Colegio Nacional, fueron detenidos en la calle Caseros por miembros de la Policía provincial, quienes los subieron a un auto negro, les vendaron los ojos y los llevaron a unos galpones del Ejército.
Estaban allí otros detenidos, como Miryam Corbacho, y en una celda cercana, de castigo, a la ex jueza María Cristina Garrós Martínez. Como ocurrió con otros detenidos, Barros de Baffa Trasci y su marido fueron trasladados luego a la cárcel de Villa Las Rosas, dónde pasaron dos semanas antes de ser puestos en libertad.
Barros de Baffa Trasci atribuyó su liberación y la de su marido al hecho de que su hijo, que era conscripto, los hubiera visto al entrar. Por lo que vio, y por la confirmación que recibió del militar Molina Colombres, en su afán de liberar a sus padres el soldado recurrió incluso al jefe del destacamento, Carlos Alberto Mulhall, que tras el golpe había asumido como interventor militar en la provincia. La testigo también recordó las gestiones hechas por padres de sus alumnos.
Barros de Baffa Trasci recordó que, ante la consulta de su hijo, Mulhall negó que ella y su marido estuvieran en la lista de detenidos, algo absurdo puesto que el 25 de marzo la intervención militar había dado a conocer su comunicado Nº 6, en que se presentó una lista de 47 detenidos sobre un total cercano a 400 personas sobre las que pesaban órdenes de detención, lista en la que figuran ambos.
Barros de Baffa Trasci fue la primera testigo de una jornada en la que solo se presentaron 8 de los 20 testigos previstos. La mayoría de los testigos fue convocada para hablar de la situación en la UNSa  y la represión.
La antropóloga Blanca Lezcano, hija y hermana de desaparecidos, que en la década del 70 estudiaba antropología social, recordó que su casa fue allanada en 1976 por un grupo de policías encabezados por el represor Joaquín Guil. Para la testigo, buscaban a sus amigos y compañeros de la UNSa, entre quienes recordó especialmente a los docentes José Serra, cesanteado con la intervención civil en diciembre de 1974, mediante la resolución 1002, y Alberto Calou, ambos desaparecidos.
La ex docente universitaria María Julia Palacios recordó que el rector normalizador en la Universidad, Agustín González del Pino, citó a cada uno de los docentes que habían firmado una solicitada reclamando el cese de las cesantías. Y que le recriminó haber solicitado el reingreso “de personas que eran subversivas, montoneros”.
Otra ex docente, Yolanda Isabel Fernánez Acevedo sostuvo que en la intervención de la UNSa de diciembre de 1975 "no hubo cesantías de docentes, sino que no se les renovaron los contratos con el fin de que todos los cargos fueran concursados”, aseguró.

martes, 5 de febrero de 2013

El soldado, siempre fue maltratado.


Todo comenzó cuando el soldado conscripto Pedro Rodríguez decidió apartarse sin permiso de la fila del desayuno para enjuagar su jarro. Ese acto tan simple alcanzó para mortificar el espíritu reglamentarista del cabo José Gordillo, quién inmediatamente intentó restablecer el orden con insultos y empujones. Viéndose tan maltratado, el soldado dejó caer el jarro enlozado y con la mano ya libre le aplicó al cabo un cachetazo tan sonoro que terminó retumbando en todo el país.

El soldado Rodríguez quedó arrestado a disposición de la justicia militar. Cuatro meses después el Consejo Supremo de Guerra y Marina daba la sentencia definitiva: cadena perpetua en el presidio de Ushuaia. Por cruel que pueda parecernos ahora, ese castigo se ajustaba estrictamente a los reglamentos militares de la época. Y fue del propio Consejo Supremo, conmovido por la sentencia que acababa de infligir, de donde partió la primera insinuación sobre la conveniencia de que el presidente Roque Sáenz Peña atenuara la pena.

Por su parte la población, sensibilizada por los habituales maltratos a los soldados conscriptos, decidió no seguir aceptando pasivamente los excesos. Y a las protestas iniciadas en Córdoba, donde una comisión de damas aprovechó la visita de la Primera Dama para pedir su intervención, se sumaron quejas cada vez más ruidosas que rápidamente se extendieron a Rosario, Chivilcoy, Bahía Blanca y Buenos Aires.
En esta última ciudad, las cosas fueron iniciadas por un grupo de señoritas de la parroquia de San Nicolás, a las que prontamente siguieron los estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes queriendo hacer las cosas a lo grande, planearon una multitudinaria marcha hacia la Plaza de Mayo.

Inmediatamente comenzaron a llover sobre el comité organizador adhesiones provenientes desde los más diverso ámbitos: asociaciones patrióticas, organizaciones estudiantiles, la Liga por los Derechos de la Mujer y el Niño encabezada por la doctora Julieta Lanteri, la Bolsa de Comercio, ex soldados conscriptos de la alta sociedad y hasta los trescientos empleados de la Aduana. Los chicos agrupados en el Club del Niño salieron a recorrer casa por casa pidiéndole su firma a cada pibe que encontraban y los diarios de todo el país publicaron duros editoriales contra la sentencia.

En medio de tanta efervescencia, el 8 de febrero de 1911, el condenado llegó a Buenos Aires desde donde debía ser embarcado rumbo a Tierra del Fuego. Vestido con uniforme de brin claro, y esposado a un soldado condenado a una pena menor, Rodríguez bajó del tren e inmediatamente fue rodeado por gente que deseaba saludarlo. Emocionado también por los gritos de aliento que desde otro tren le hacían marineros conscriptos recién dados de baja, el soldado –de aire campesino y rostro marcado por la viruela– alcanzó a decir al cronista de La Prensa: “Hacía tiempo que me hostilizaba y ese día perdí la cabeza. Ahora sólo me queda confiar en que el Presidente me ayude. Pero tengo esperanzas, pues él también es un soldado”.


Era verdad. El doctor Roque Sáenz Peña lucía el grado de General del Perú con el que fuera honrado por el gobierno de ese país en mérito a su heroica actuación en la defensa del Morro de Arica durante la Guerra del Pacífico. Cuando finalmente el Morro fue asaltado, el 7 de junio de 1880, Sáenz Peña, extenuado y herido, clavó su espada en la tierra esperando la misma muerte que los vencedores daban a los demás vencidos, incluido el general Bolognesi. Muerte que no lo alcanzó gracias a la hidalguía de un oficial chileno.

El arribo del soldado Rodríguez a Buenos Aires estimuló aún más la inquietud popular. Un editorial periodístico decía entre perentorio y amenazante: “No es posible suponer que la condena monstruosa se cumpla íntegramente ni que el soldado salga de nuestra ciudad para hundirse toda la vida en el presidio”.

Por fin la marcha quedó organizada. Partiría desde Plaza Congreso el domingo 12 de febrero a las 15 horas recorriendo luego toda la Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada. Allí la columna pediría al Presidente que saliera al balcón para escuchar el pedido de clemencia que un orador le haría desde la Plaza. Posteriormente la marcha se encaminaría a lo largo de la calle Florida hasta desembocar en la Plaza San Martín donde varios oradores, entre ellos una joven de la Asociación de Señoritas, hablarían a la concurrencia.

Sólo faltaba un detalle: el permiso de la policía. Pero contra lo que un lector de estos días podría imaginar, su jefe, el general Dellepiane, no solamente autorizó la manifestación, sino que también ofreció la Banda Policial para que encabezara la marcha con tambores y trompetas.

Sin embargo, esta marcha nunca llegó a realizarse porque dos días antes el presidente Sáenz Peña conmutó la pena disminuyéndola a tres años de reclusión en Campo de Mayo. Se basó en la desproporción existente entre la falta y el castigo, y recomendó a las Fuerzas Armadas la reforma del anticuado y cruel Código Militar existente.
A partir de ahí se pierden los rastros del soldado Rodríguez, involuntario causante de una movilización popular que no llegó a transform